Bolivia en 1965: La Tormenta Perfecta que Condujo a los Conflictos de Mayo

Los eventos de mayo de 1965 en Bolivia fueron el resultado de una compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales, tal como lo señala Sergio Almaraz en su libro “Réquiem para una República”. Un elemento crucial fue el aumento significativo del precio de la libra fina de estaño, que pasó de $us 1.12 a $us 1.67 entre 1962 y 1965. Este incremento desató una verdadera “fiebre” por el estaño boliviano, atrayendo rápidamente a las empresas mineras norteamericanas. Estas compañías no tardaron en adquirir o comprar minas existentes, iniciando un “asalto” a las concesiones mineras y multiplicando las inversiones en busca de nuevos yacimientos como Turqui, Lípez, Matilde, Colas y Catavi.

La influencia de las empresas norteamericanas y de su embajador en Bolivia era tal que lograron desmantelar las barreras destinadas a proteger la nacionalización de las minas. Esta injerencia extranjera subordinó la minería boliviana a los intereses estadounidenses, postergando la construcción de fundiciones de estaño y antimonio en el país y desmantelando el Banco Minero.

Tensión Social en las Minas y Otros Sectores

Para abril de 1965, la situación en las minas ya era precaria. Se vivían conflictos en Huanuni, Quechisla, Colquiri y Catavi, exacerbados por el proceso de recategorización en COMIBOL, que buscaba reestructurar puestos, sueldos y salarios. En lugares como Catavi-Siglo XX, a pesar de negociaciones avanzadas, persistían las disputas sobre salarios mínimos y un posible incremento en la producción, mientras las autoridades de COMIBOL insistían en mostrar un panorama de pérdidas. A esto se sumaba el alza de precios de los artículos de primera necesidad en las pulperías, afectando directamente la economía familiar de los trabajadores. A finales de abril, los conflictos por la recategorización y el aumento de precios se habían extendido a Viloco, Huanuni, San José y Machacamarca. La expectativa de una nueva recategorización se desvaneció cuando el coronel Juan Lechín Suárez, presidente de COMIBOL, declaró que la crisis financiera de la empresa impedía tal medida.

En respuesta a las demandas de las empresas mineras medianas y extranjeras, la Junta Militar implementó una serie de medidas de liberalización en beneficio del sector privado. El 7 de mayo, se aprobaron tres disposiciones clave que abrieron la puerta a la explotación minera privada: un nuevo Código Minero, la liberalización de la comercialización de minerales (que antes se realizaba a través del Banco Minero) y el levantamiento de reservas fiscales.

El Levantamiento de los Maestros y Fabriles

No solo los mineros expresaban su descontento. En abril de 1965, los maestros recibieron la negativa del gobierno a sus demandas económicas. En su V Congreso, propusieron paros escalonados para lograr un aumento salarial, protestas que se desarrollaron a lo largo de abril y mayo. Esta demanda, que venían impulsando desde 1962, los llevó a planear otra huelga para el 19 de mayo. Mientras tanto, el 14 de mayo, el general Ovando les ofreció un sistema de sueldos diferenciados.

Por su parte, los trabajadores fabriles, tras su VII Congreso, también exigían un aumento de salarios y organizaron una protesta con 5,000 personas en Santa Cruz. Sin embargo, su petición colectiva fue rechazada por la Cámara Nacional de Industrias, que se ofreció a negociar de forma separada con los trabajadores de cada empresa.

La Unidad Obrera y el Gran Descontento

La creciente insatisfacción impulsó a los trabajadores mineros y maestros a coordinar acciones conjuntas en torno al tema salarial. El Primero de Mayo fue testigo de una masiva marcha de unas 10,000 personas, donde el salario era el eje central de las demandas. Juan Lechín, Secretario Ejecutivo de la COB, rindió homenaje a los caídos en las masacres de Villa Victoria, Uncía y Sora Sora, defendió los logros de la Revolución de 1952, criticó la política económica de la Junta Militar, ratificó la unidad de los trabajadores, y refutó duramente la intervención de Estados Unidos en Vietnam y República Dominicana, además de expresar preocupación sobre las elecciones prometidas, poniendo en duda su convocatoria. Una marcha de la COB el 7 de mayo, en solidaridad con República Dominicana, fue incluso intervenida por la policía.

Una semana después, siete federaciones —mineros, fabriles, maestros urbanos y rurales, constructores, sanitarios y gastronómicos— firmaron un pacto intersindical, preparando una huelga general conjunta, aunque sin fecha definida aún.

En resumen, los sucesos de mayo de 1965 fueron la culminación de una crisis multifacética en Bolivia, marcada por la voracidad de las empresas mineras extranjeras, las políticas gubernamentales que favorecían al capital externo, y el creciente descontento de los trabajadores y maestros ante la precarización de sus condiciones salariales y laborales. Este panorama sentó las bases para un periodo de intensa agitación social y política en el país